La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”Por ejemplo por una complicación durante las diferentes etapas del embarazo o del parto, por una negligencia médica o por una situación de salud pre-existente que haya propiciado la muerte de la mujer embarazada.

Por su parte, la OMS define la morbilidad materna como las complicaciones o enfermedades que se producen durante la gestación, parto o puerperio, que afectan la integridad y salud física o psicológica de la mujer, en ocasiones de forma permanente. Las causas pueden ser variadas, por ejemplo, por complicaciones obstétricas, intervenciones, prácticas culturales o coacción.

Para tener un panorama de estas problemáticas, se han generado indicadores que permiten medir la recurrencia de los casos de mortalidad y morbilidad materna, llamadas tasas de mortalidad y morbilidad maternas.

Las altas tasas de morbi-mortalidad materna a nivel global han propiciado la precoupación y consenso de la comunidad internacional para prevenir y reducilas, sobre todo en países en vías de desarrollo, que presentan los índices más altos.Así, la reducción de la morbi-mortalidad materna es uno de los ochos Objetivos de Desarrollo del Milenio y se encuentra contemplado en la Declaración de Beijing y en su Plataforma de Acción (1995), entre otros.

La morbi-mortalidad materna es reflejo de los problemas estructurales de falta de protección de la salud, tanto en el acceso como en la atención en los servicios de salud del Estado, así como de la discriminación que afecta a las mujeres, siendo las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, que residen en zonas rurales, quienes sufren desproporcionadamente esta situación.

En este sentido, la morbi-mortalidad materna constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, al más alto nivel de salud, a la igualdad y no discriminación, a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos/as, a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la educación, a la información y al goce de los beneficios del progreso científico y tecnológico. Estos derechos están contenidos en la Constitución Política Mexicana, en tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, en la Ley General de Salud y en la Norma Oficial Mexicana “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido” (NOM-007-SSA2-1993), entre otros.

De acuerdo con estos tratados internacionales y la interpretación que se ha hecho de ellos por los organismos de derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir y reducir las altas tasas de morbi-mortalidad materna, garantizando a todas las mujeres sin discriminación el acceso a adecuados servicios de salud materna.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre Acceso a Servicios de Salud Materna desde una perspectiva de derechos humanos, indicó una serie de de medidas que los Estados deberían adoptar para cumplir con esta obligación, tales como:

  • Garantizar acceso efectivo a servicios obstétricos de emergencia, atención previa y durante el parto con perspectiva de género, que reduzcan las muertes prevenible de mujeres por causa de embarazo o parto;
  • Eliminar la discriminación contra las mujeres en los servicios de salud, priorizando esfuerzos y recursos para mujeres que se encuentren en mayor riesgo (mujeres pobres, indígenas, afro-descendientes y en zonas rurales);
  • Educar a las usuarias de los servicios y generar información sobre sus derechos como pacientes respecto de los servicios de salud, incluyendo la planificación familiar;
  • Diseñar e implementar políticas, planes y programas de salud materna y dotarlos de recursos suficientes;
  • Establecer recursos juridiciales oportunos y eficaces para las mujeres a los que puedan acceder cuando estas obligaciones y sus derechos sean vulnerados.

Diversas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, en representación de las víctimas y sus familiares, ha demandado internacionalmente a los Estados por el incumplimiento de estas obligaciones.

Así sucedió en el caso de Alyne da Silva Pimentel, una mujer afro-brasileña de 28 años de edad, que tenía un embarazo de alto riesgo y a la que le fue negada la atención médica oportuna en los centros de salud pública. Como resultado, Alyne murió después de dar a luz un feto muerto, dejando a su hija de 5 años de edad huérfana de madre. Esto sucedió porque en Brasil, como en muchos países como México, no existe un sistema básico de atención en salud obstétrica que le hubiera salvado la vida a Alyne.

Ante esta situación, Brasil fue demandado ante el Comité CEDAW alegando el fracaso del Estado brasileño para prevenir la muerte de una mujer joven afro-descendiente por demoras médicas y falta de atención durante el embarazo.

En una reciente e histórica decisión el Comité CEDAW declaró que en este caso Brasil violó el derecho a la salud, el derecho de acceso a la justicia y la obligación de debida diligencia en la adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, y le ordenó que:

  • Indemnice a la familia de Alyne, incluyendo a su madre y a su hija;
  • Asegure el derecho de las mujeres a una maternidad segura, así como el acceso a servicios de emergencia obstétrica asequibles;
  • Brinde capacitación profesional adecuada a los proveedores de salud;
  • Asegure que las instituciones privadas de salud cumplan con estándares nacionales e internacionales sobre salud reproductiva; y
  • Asegure que sean impuestas sanciones a profesionales de la salud que violen los derechos a la salud reproductiva de las mujeres.

Otros casos similares en litigios relacionados con la mortalidad materna son: Centre for Health and Resource Management v. The State of Bihar & Others y Kalyani Meena v Union of India and Others. En estos casos se argumenta la carencia de políticas públicas en materia de salud materna que garanticen el acceso a la salud de las mujeres embazadas y prevengan las altas tasas de mortalidad materna en India.